“Desde las entrañas
mismas del estado
se larva la conspiración de la impunidad”
Myrna Mack
El fenómeno del
paramilitarismo en Colombia surgió con gran fuerza durante la década de los 80´s,
con el único fin de frenar las acciones de la guerrilla con “el carácter de
milicias ciudadanas legalmente constituidas y aprovisionadas en parte por los
militares”[1], pero con el transcurso
del tiempo, buscó también acabar todos aquellos movimientos de izquierda.
El origen de los grupos contraguerrilla
se dio en la región del Magdalena, Antioquia y Córdoba, principales centros de
acción insurgente. Trataremos únicamente de retomar el contexto antioqueño,
basándonos en la lectura del libro Lo que
la justicia no quiso ver frente al Paramilitarismo publicado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC)
y la Corporación Jurídica Libertad.
El tema a abordar en el siguiente
ensayo trata de explicar el fenómeno y sus consecuencias en la sociedad
colombiana, además de realizar un análisis en las diferentes acciones que
llevaron a la impunidad, teniendo en cuenta, que este concepto hace referencia,
a “una serie de prácticas institucionales tendientes al no castigo judicial
tanto de criminalidad burocrática como la criminalidad contrainsurgente”[2]; además de las amenazas y
posteriores asesinatos de los investigadores, que adelantaban los procesos contra
los paramilitares.
La pregunta central que
tratará de responder este escrito, es la siguiente ¿qué hechos incidieron de
forma directa e indirecta en la falta de control de los organismos estatales llevando
así al crecimiento de la impunidad? De esta forma abordaremos las razones que
dilataron las investigaciones y el enjuiciamiento de los militantes
paramilitares y los miembros del ejército que tuvieron gran responsabilidad en
las muertes de civiles y de funcionarios de entidades como la Fiscalía General
de la Nación y la Procuraduría de la Nación.
Por otra parte, debemos
generar una crítica a las instituciones gubernamentales que no fueron neutras
en su trabajo y también, a la debilidad del estado en cumplir las expectativas
de seguridad que tanto esperaban los civiles colombianos durante el auge
guerrillero.
“Autodefiéndase, porque al ejército le
queda imposible entregarle un soldado a cada colombiano para que lo respalde”[3]
La presión que ejercía la
guerrilla de las FARC sobre los campesinos antioqueños llevó a varios de ellos
a alzarse en armas por su propia defensa. Es el caso de Ramón Isaza, un
campesino que rechazó las órdenes de la guerrilla y decidió acudir a una base
militar para encontrar protección, pero los militares en vez de brindársela, le
entregaron varios fusiles y le afirmaron lo siguiente: “Autodefiéndase porque
al ejército le queda imposible entregarle un soldado a cada colombiano para que
lo respalde”. Así, posiblemente, se inició uno de los varios ejércitos
paramilitares, que ante la incapacidad de defensa que debía brindar el estado
por medio de las fuerzas armadas, se hicieron líderes en la defensa de justicia
por su propia mano.
El ejército y la
policía nacional se aliaron con los integrantes paramilitares para de esta forma
lograr una mayor efectividad en el control antiguerrilla. Sin duda, esta
alianza se convertiría hasta el día de hoy en un mal necesario. Algunos hombres
que hacían parte de los paramilitares eran soldados y ex oficiales en retiro
del ejército nacional, otros tanto eran activos e indiferentes frente a las masacres que la gente denunciaba.
Incluso, lo reconocen
varios habitantes del sector sur de Antioquia, quienes dicen desconfiar en las instituciones
gubernamentales pues se han vuelto tan notorias estas acciones delictivas;
también, “la gente afirma categóricamente que los paramilitares, la Policía, el
Ejército y la Fiscalía son lo mismo”.[4]
Igualmente, el sacerdote
jesuita Javier Giraldo relata: “Resulta
que un finquero fue a la Fiscalía a denunciar que los paramilitares se le
habían metido a sus predios. Justo cuando estaba en el despacho del fiscal Leal
Rivera, reconoció a un funcionario que trabajaba para ese despacho como uno de
los paramilitares que se le había metido a su finca. Se trataba del
investigador Ivo Jaime Díaz Salazar. A raíz de ello, no quiso poner la denuncia”[5].
Con esto, el miedo se
apoderaba de las personas al saber que aquellos quienes los atacaban e invadían
sus propiedades eran los mismos que procuraban el cumplimiento de la ley y las normas.
¿Por qué estaría involucrada la fiscalía con los paramilitares, si ésta es la
encargada de investigar y procesar los delitos?
Dilatación
de procesos en organismos de control
Como primera medida, hay
dos factores que inciden directamente en el auge de la impunidad en los
procesos contra los paramilitares. El primer factor es que varios de los
funcionarios públicos del CTI que realizaban las investigaciones en masacres y
ataques cometidos, además de los fiscales conocedores de las actividades
delictivas en contra de la población antioqueña, eran amenazados de muerte,
asesinados cuando se dirigían a realizar las investigaciones correspondientes
en los municipios, exiliados, desaparecidos y torturados.
La mayoría de estos
funcionarios adelantaban procesos en su contra, y con el fin de archivar los
casos en donde se les imputaban cargos, el ejército les avisaba la posición
donde se encontraban y el lugar a donde se dirigían para que fueran
interceptados en camino y no alcanzaran a concluir ninguno de los casos que
tenían en sus manos. Además, no hubo ningún recurso de apoyo y protección para
los jueces y fiscales que estaban siendo perseguidos ni para sus familiares, “convirtiéndolos en
blancos vulnerables a las acciones criminales de las fuerzas irregulares
contrainsurgentes”[6]
El otro factor
determinante fue que algunos fiscales, siendo entes reguladores de la sociedad
civil, hicieron acuerdos ilegales con miembros paramilitares y beneficiar las
condenas de los insurgentes, es decir, demorar los procesos para no concluir
las condenas, desaparecer las pruebas; en muchos de los casos, se desconocieron
los testimonios que hubieran permitido realizar una investigación más profunda
y sólida, y se dieron ilegalmente una rebaja en las penas con favorecimiento
para el implicado por parte de ciertos fiscales.
Un caso conocido en
el que un fiscal realizó acuerdos con los paramilitares es el de Arturo
Velázquez Gallo, fiscal delegado de los jueces regionales, quien les pasaba documentos
que certificaban delitos de
narcotráfico, terrorismo, paramilitarismo y rebelión para que ellos los
“trabajaran”[7].
Además, los paramilitares con ayuda de los funcionarios adquirían copias de
expedientes de los procesos que se estaban adelantando en su contra para saber
el nombre del fiscal que llevaba el caso y así “eliminarlo”, para no comparecer
ante la justicia.
La dilatación de
algunos procesos, sobre todo de aquellos que involucran a grupos paramilitares
y agentes del Estado fue tan evidente en Antioquia que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA expresó su preocupación:
“Los
organismos del Estado encargados de la investigación, el procesamiento y la
decisión en torno a casos que entrañan violaciones de los derechos humanos a
veces carecen también de la voluntad política para combatir las violaciones. La
Comisión ha recibido información que indica, por ejemplo, que algunos fiscales
simplemente no procesan los casos de presuntas violaciones de los derechos
humanos”[8]
Impunidad
a victimarios
Otras causas de la
impunidad frente al paramilitarismo han sido la incompetencia de la Fiscalía a
favor de la justicia penal militar, pues varios de los militares activos en
esta entidad estuvieron involucrados en masacres como la de Ituango y la de El
Aro en 1997. Además, es excesiva la discreción que tuvo la dirección Nacional de Fiscalías en
la asignación de los casos y de esta forma afectar la Misión Nacional de
Derechos Humanos, siendo esta una entidad que vela por la protección y el
cumplimiento de los derechos fundamentales.
Además, cabe
mencionar la debilidad del programa a víctimas, pues las personas que eran afectadas
por el paramilitarismo y acudían a denunciar el caso, no tenían la debida
protección para que no fuera atacado de nuevo. Así, la impunidad se convirtió
en una fortaleza para que el paramilitarismo continuara en auge, en expansión
por diversas zonas del país y cada vez más arraigados a la estructura del
estado. La impunidad se llevó a cabo a través de la no sanción a los culpables
de las masacres en las comunidades y las muertes o desapariciones de
funcionarios de la Fiscalía e investigadores del CTI, archivando los casos o
incluso, muchos ni siquiera fueron enviados para su revisión.
Desde el núcleo de
las organizaciones paramilitares, se cayó en la impunidad pues aquellas
personas que secuestraban, torturaban y desaparecían, quedaban sin identificar
y era imposible realizar la investigación debida ya que no se tenían datos ni
referencias de identificación de dichas
personas. Por esto, muchas muertes han quedado en la impunidad, sin hallar
presuntos responsables.
Otro aspecto a
mencionar es la responsabilidad de la Procuraduría frente a las condenas y
destituciones de funcionarios, pues los mecanismos de control, es decir la
vigilancia de los jueces y los fiscales no se llevó con mano dura, sino que fue
muy superficial el control realizado para sancionar los actos cometidos en relación
a las fuerzas contraguerrilla.
Conclusiones
Si bien es cierto que
los miembros paramilitares tenían estrechas relaciones con funcionarios
estatales y que por esta “amistad” se beneficiaron al no obtener condenas por
sus crímenes, también es cierto, que si esta estrecha relación no se hubiera
dado, los organismos de control serían débiles en su interior, quizá porque los
funcionarios sentían miedo de ser atacados y preferirían dejar los procesos sin
concluir.
Respondiendo a la pregunta
central del presente ensayo, podemos concluir que los factores directos que
incidieron en el auge de la impunidad durante el paramilitarismo, han sido la
innegable relación y colaboración que obtuvieron los grupos contraguerrilla por
parte de las fuerzas armadas y miembros
de la policía, además de la ayuda que le proporcionaban ciertos funcionarios
públicos para dilatar los procesos. Otra forma directa fue la desaparición de
fiscales que llevaban sus casos, para evitar las largas condenas que el estado
les asignaba por los delitos de tortura,
homicidio agravado, secuestro extorsivo o agravado, delitos de terrorismo,
concierto para delinquir, fabricación y tráfico de municiones o explosivos,
desplazamiento de la población, desaparición forzosa y creación de grupos
ilegales.
De manera indirecta, podemos afirmar que la
justicia presentó gran debilidad frente al surgimiento de las guerrillas permitiendo
que los civiles hayan creado grupos alternos que les garantizaran la defensa y
la seguridad, por medio de las armas. Con esto, es posible ver la flexibilidad
que tuvieron instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la
Procuraduría, El Cuerpo técnico de Investigación y las Fuerzas Militares para
dar respuesta a los fenómenos del paramilitarismo.
Aunque la ofensiva se
haya ensañado contra la guerrilla, el paramilitarismo luchó indirectamente con
ella, sin tener un contacto frentero, sino que realizaban asesinatos selectivos
de militantes y presuntos simpatizantes guerrilleros o de izquierda; esta lucha
indirecta, es lo que se conoce como la “Guerra Sucia”.
Finalmente, solo nos
queda dejar en consideración cuál el papel del Estado frente a la guerra y cómo
se debe defender para evitar filtraciones en su estructura. Recordar el
fenómeno del paramilitarismo, es no dar paso al olvido en la memoria colectiva
de un país que por combatir el mal, creó otro mal aun peor que los civiles
consideraban necesario, como lo dijimos anteriormente.
Es aquí donde nos
preguntamos, ¿Por qué la venganza contra la guerrilla también involucró a
personas inocentes, a familias enteras que sin saber si realmente eran
simpatizantes de la izquierda, fueron asesinados, torturados y desaparecidos? Tal
vez porque se buscaba el bien común, justificando cualquier acto atroz para
satisfacer la paz, el bienestar y el respeto de aquellos que algún día se
negaron a tener vínculos con la guerrilla y evitar que la soberanía del Estado fuera
afectada.
BIBIOGRAFÍA
Instituto Popular de Capacitación (IPC), Corporación Jurídica
Libertad, Lo que la justicia no quiso ver
frente la paramilitarismo. Medellín, Colombia, 2010.
Henderson, James. Víctima
de la Globalización. La historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en
Colombia. Cap. 5: La ofensiva Paramilitar. Siglo del Hombre Editores, 2012.
[1]
Henderson,
James. Víctima de la globalización. La
historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en Colombia. 229. Siglo
del Hombre Editores.
[2] Instituto Popular de Capacitación (IPC), Corporación
Jurídica Libertad, Lo que la justicia no
quiso ver frente la paramilitarismo. pg 12. Medellín, Colombia, 2010,.
[3] Semana, 6 de Febrero
de 2006, 46; Semana 30 de Abril de
2007, 51. Citado en Víctima de la
Globalización. La historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en Colombia.
pg 235.
[4] Fiscalía General de
la Nación, Cuerpo Técnico de Investigaciones, Medellín, Informe N° 022, de
enero 18 de 1998. Citado en Lo que la
justicia no quiso ver frente al paramilitarismo, pg. 50.
[5] Entrevista N° 4,
sacerdote Javier Giraldo, diciembre de 2008. Citado en Lo que la justicia no quiso ver frente al Paramilitarismo, pg 39.
[6] Instituto Popular de Capacitación (IPC), Corporación
Jurídica Libertad, Lo que la justicia no
quiso ver frente la paramilitarismo. Medellín, Colombia, 2010. Pg 233.
[7] Instituto Popular de Capacitación (IPC), Corporación
Jurídica Libertad, Lo que la justicia no
quiso ver frente la paramilitarismo. Medellín, Colombia, 2010. Pg 224.
[8] Proceso radicado N°
18522, cuaderno N° 3. Citado en Lo que la
justicia no quiso ver frente al paramilitarismo. Pg 47.
